En su última Cuenta Pública, el presidente Gabriel Boric hizo uno de los anuncios más significativos de su mandato en materia de derechos sexuales y reproductivos: la defensa pública del proyecto de ley que busca legalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación.
“Hemos ingresado a este Congreso un proyecto de ley que termina con la ilegalidad y la penalización del aborto”, sostuvo Boric desde el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso. “Por demasiado tiempo se ha tratado a mujeres que abortan como criminales. Son miles al año, aunque no las quieran ver, y se les ha obligado a la clandestinidad”, agregó.
El mandatario realizó un llamado directo al Parlamento: “Lo que le quiero pedir a este Congreso es que, en la tremenda diversidad de opiniones sobre la propuesta de legalizar el aborto con plazo que hemos ingresado, no se nieguen a la discusión. Esas mujeres siguen allí. No les nieguen al menos el debate democrático como ciudadanas plenas, capaces de decidir”.
Aborto clandestino: un problema de salud pública
El proyecto, presentado el 28 de mayo por el Ejecutivo, contempla la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas y propone garantizar su acceso en la red pública de salud. Entre los objetivos del proyecto están asegurar que la situación económica no sea una barrera para acceder al procedimiento, evitando que las mujeres deban acudir al mercado negro o exponerse a abortos inseguros
La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, informó que se estima que en Chile se realizan entre 40.000 y 170.000 abortos clandestinos cada año. Además, más de 20.000 hospitalizaciones anuales están asociadas a abortos inseguros, lo que plantea un grave problema de salud pública y una desigualdad profunda entre quienes pueden pagar por un procedimiento médicamente asistido en la clandestinidad y quienes no.
Actualmente, en Chile el aborto solo es legal en tres causales: riesgo vital para la madre, inviabilidad fetal y embarazo por violación (con plazos más restrictivos en este último caso). Con este nuevo proyecto, el Gobierno busca avanzar hacia una legislación más justa, que reconozca el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
Reacciones divididas ante un tema postergado
Si bien el oficialismo reconoce que no cuenta con mayoría parlamentaria para aprobar la iniciativa en lo inmediato, el objetivo es instalar el debate y romper con la censura histórica en torno al aborto en el país.
El momento del anuncio generó tensiones dentro del Congreso. Mientras sectores oficialistas aplaudieron la medida, desde la oposición hubo reacciones de rechazo. El diputado Johannes Kaiser abandonó la sala tras el anuncio y el parlamentario Eduardo Durán (RN) desplegó un cartel que decía “Abortar es derramar sangre inocente”. Sin embargo, el presidente no retrocedió en su postura.
La expresidenta Michelle Bachelet respaldó la iniciativa del Ejecutivo, afirmando que “el Estado tiene como tarea asegurarle a las mujeres opciones, y son ellas quienes deben decidir”. Desde el oficialismo, la diputada Camila Rojas señaló que “negarse al debate del aborto es censura, no democracia”.
Con esta declaración, Boric no solo cierra su ciclo de cuentas públicas con un gesto hacia los derechos de las mujeres, sino que instala un tema históricamente postergado en el debate nacional. En un país donde miles de mujeres siguen arriesgando su vida por decidir, el mensaje fue claro: el aborto es una cuestión de justicia, de autonomía y de democracia.